El Paquete Económico es el conjunto de proyectos legislativos que presenta el Ejecutivo federal al Poder Legislativo, cada año fiscal, para su análisis y aprobación, en materia de Política Hacendaria, Ingresos y Egresos y que sirven para el funcionamiento y operación de la gestión gubernamental. Para 2020, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es superior en 282 mil millones de pesos al del año pasado hasta alcanzar los 6 billones 96 mil 336 millones de pesos. Sin embargo, una vez descontada la inflación el valor del presupuesto es prácticamente el mismo del 2019.
Ante una situación aceptada ya oficialmente de estancamiento económico, la estrategia del gobierno federal consiste en incrementar la recaudación sin generar nuevos impuestos. Para esto se endurecen las medidas para prevenir y evitar la evasión fiscal llegando a equiparar este delito con delincuencia organizada.
En lo relativo a la inversión, se mantiene la directiva de privilegiar los programas sociales Jóvenes construyendo el futuro (100 mil millones de pesos), Sembrando vida, Bienestar para las personas adultas mayores (244 mil millones de pesos), para el Desarrollo Cultural y Beca Universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez (33 mil millones de pesos).
Con respecto a la función Ciencia y Tecnología lo primero que destaca es que, a pesar de la iniciativa presentada por el CONACyT en la Cámara de Diputados de un presupuesto consolidado, se mantiene con pocos cambios la estructura del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2019 aunque con un incremento significativo del presupuesto total que prácticamente se duplica al pasar de 49,857 a 98,317 millones de pesos con respecto al año pasado incrementando el porcentaje asignado a la función del 0.86 al 1.61% del presupuesto, la participación más alta en la historia. Sin embargo, la distribución del presupuesto entre las diferentes dependencias presenta ciertas anomalías que ameritan una revisión detallada.
Comencemos con la desaparición de algunas asignaciones presupuestales como son las de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico así como del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, ambos de la SADER. Igualmente desaparece el presupuesto para la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la SENER.
El presupuesto para la SADER se duplica al pasar de 2,727 a 5,702 mdp resultando particularmente beneficiados el Colegio de Postgraduados (1,287 mdp) y la Universidad Autónoma de Chapingo (2,859 mdp) así como por primera vez el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (0.2 mdp).
La Secretaría de Economía recibe un incremento de diez veces en su presupuesto al pasar de 157 a 1,595 mdp. Este presupuesto se distribuirá entre la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior con 175 mdp, el Instituto Nacional del Emprendedor con 25 mdp, el Centro Nacional de Metrología con 239 mdp, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con 203 mdp, la Procuraduría Federal del Consumidor con 4.2 mdp y el Servicio Geológico Mexicano con 903 mdp.
El presupuesto de la Secretaría de Energía aumenta ocho veces al pasar de 842 a 6,664 mdp en beneficio del Instituto Mexicano del Petróleo que recibirá el 81% del incremento.
El CONACyT recibe un pequeño incremento al pasar de 24,705 a 29,203 mdp beneficiando de manera significativa a la empresa Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. con 1,112 mdp, al Centro Público de Investigación INFOTEC con 706 mdp y al Fondo para Desarrollo de Recursos Humanos con 281 mdp.
La Secretaría de Educación Pública triplica su presupuesto al pasar de 14,392 a 41,755 mdp siendo el principal beneficiario del incremento el Tecnológico Nacional de México que pasa de 240 a 5,742 mdp. Igualmente beneficiados, aunque de manera menos significativa, encontramos a la Universidad Pedagógica Nacional con 106 mdp, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional con 195 mdp y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro con 965 mdp. Se pueden identificar una serie de unidades que no habían recibido recursos de la función Ciencia y Tecnología en el pasado como son la Dirección General de Educación Superior Universitaria con 7,795 mdp, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas con 585 mpd, la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios con 1.7 mdp, la Universidad Abierta y a Distancia de México con 18 mdp y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez con 99 mdp.
La Secretaría de Salud prácticamente triplica su presupuesto al pasar de 2,230 a 7,289 mdp. La unidad más beneficiadas de este aumento es la Dirección General de Calidad y Educación en Salud que recibe el 62% del incremento (3,153 mdp).
El presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prácticamente no sufre cambios mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibe un pequeño incremento de 193 mdp que beneficia al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Entre las dependencias que reciben por primera vez recursos de la función Ciencia y Tecnología se encuentran la Secretaría de Relaciones Exteriores con 5.3 mdp que serán asignados a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo AMEXCID; la Secretaría de Marina con 15 mdp para su Dirección General de Investigación y Desarrollo; Turismo con 19 millones para el Instituto de Competitividad Turística; la Secretaría de Cultura con 129 mdp para el Instituto Nacional de Antropología e Historia; la Fiscalía General de la República con 159 mdp para el Instituto Nacional de Ciencias Penales; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 68 mdp para el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Comisión Federal de Electricidad con 1,386 millones sin especificar su uso.
El incremento en el presupuesto de la función Ciencia y Tecnología dentro del presupuesto federal 2020 es bien recibido en lo general, sin embargo vemos con preocupación que dicho aumento, lejos de beneficiar la investigación ya sea básica, clínica o aplicada, se suma al presupuesto de operación de diferentes instituciones o peor aún, se canaliza a sectores ajenos al de la investigación científica.
Nota. Los datos de 2020 se extrajeron del anexo 12 del proyecto de decreto. Una vez que se publiquen en la plataforma de la SHCP procederé a realizar un análisis más detallado.
