Ponencia presentada dentro del Foro virtual Panel Innovación Biotecnológica en México realizado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados el 11 de junio de 2020
El mercado global de la biotecnología tiene un valor de 369 mil millones de dólares. El sector no solamente es de alto valor sino que crece rápidamente, las 193 empresas biotecnológicas que cotizan en NASDAQ aumentaron su valor 85% en sólo 5 años. En México, en contraste, solo hay 150 empresas biotecnológicas que invierten en innovación y desarrollo tecnológico. Ninguna de ellas cotiza en la bolsa de valores.
Es importante identificar los motivos estructurales que impiden el desarrollo de este sector en nuestro país. Entre aquellos que podemos descartar se encuentran el número y calidad de investigaciones puesto que actualmente existen al menos 3 mil grupos dedicados a esta disciplina siendo la mayoría de ellos competitivos a nivel internacional. Igualmente resulta evidente que no es la falta de personal capacitado pues existen docenas de programas de licenciatura y posgrado en esa área.
Con la intención de abonar a la discusión pongo sobre la mesa tres temas que a mi parecer son relevante para explicar esta situación:
- Insuficiente inversión pública en investigación básica
- Falta de certeza jurídica y normatividad deficiente para incentivar la inversión privada
- Ausencia de inversión pública en infraestructura estratégica para consolidar cadenas de valor
Con relación al presupuesto, es importante poner en contexto que de los 454 mil millones de pesos asignados en el presupuesto de egresos de la federación para el cumplimiento del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación PECITI durante el periodo 2013-2018, solamente el 7% llegó a manos de los investigadores mediante el esquema de apoyos a proyectos de investigación desde alguno de los fondos para la investigación existentes.
Actualmente el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con aproximadamente 60 investigadores activos. De ellos, la mitad están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores y, por lo tanto, son potenciales beneficiarios de recursos federales para la investigación. De este total, aproximadamente 3 mil investigadores se dedican a la biotecnología.
En un año típico, el sistema de fondos para la investigación compuesto por los fondos sectoriales, mixtos, regionales e institucionales del CONACYT apoyaban alrededor de 1,300 proyectos en beneficio de aproximadamente 5 mil grupos de investigación. De estos proyectos solamente 400 correspondían al fondo SEP-CONACYT mediante sus convocatorias para apoyo de ciencia básica.
Una consulta de cobertura nacional recientemente realizada por la Academia de Ciencias de Morelos refleja que para este año solamente uno de cada seis investigadores consultados contará con recursos suficientes para operar, para dos de cada seis los recursos con los que cuenta serán insuficientes y que cerca de la mitad no contará con ningún tipo de presupuesto.
A esta situación se suma la desaparición o reducción significativa de recursos para la contratación de cátedras CONACYT, retenciones, repatriaciones o becas postdoctorales. Con lo que se agrava el panorama para el 80% de los grupos de investigación consultados quienes declaran que su situación es peor que hace tres años.
En lo relativo a la falta de certeza jurídica y normativa deficiente que desincentiva la inversión privada la podemos separar en dos temas complementarios. La legislación sobre patentes y la regulación sobre bioseguridad.
El producto de mayor valor de la industria biotecnológica son los medicamentos biotecnológicos. A nivel global, los biotecnológicos representan el 20% de todos los médicamente y a nivel nacional es particularmente importante el segmento de los biosimilares, productos elaborados a partir de patentes vencidas pero que poseen la misma formulación, propiedades y efectos terapéuticos.
La reciente negociación del T-MEC tendrá un impacto muy relevante para el sector pues por un lado se agiliza el trámite de protección de innovaciones mexicanas en Estados Unidos pero por otro se limita a 10 años la protección de innovaciones extranjeras en México a partir del registro en nuestro país. Un productos que se encuentre en el mercado extranjero por 15 años no podrá ser producido como biosimilar en México sino hasta que se registre en el país y a partir de ese momento comienza el periodo de espera de 10 años.
Por otro lado, el tiempo de investigación y desarrollo tecnológico para llevar un biotecnológico ya sea innovador o biosimilar, es superior a los 10 años por lo que un periodo de recuperación de solo 10 años afecta el precio del producto encareciendolo.
El mejor incentivo que puede tener el mercado de los biotecnológicos son las compras de gobierno, esta realidad ha sido aprovechada en otros países como Brasil mediante una legislación específica que fomenta la innovación.
A nivel normativo, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados nace como un espacio intersecretarial compuesto por los responsables de las políticas agropecuarias, ambientales, educativas, hacendarias, económicas, científicas y tecnológicas con la finalidad de llegar a una regulación integral basada en evidencia. Para lograr esto contaba con tres comités asesores, uno técnico, otro consultivo científico y otro consultivo mixto. Estos comités llevan más de un año sin sesionar.
Las recientes modificaciones del estatuto orgánico del CONACYT desaparecen no solamente los comités conformados por expertos externos si que la comisión pierde su carácter intersecretarial.
Estas modificaciones representan una pérdida de oportunidad para desvincular la comisión del tema de las plantas transgénicas evitando la revisión oportuna de otras tecnologías genéticas y genéticas que involucran el uso de células madre o la edición genética.
Finalmente, la falta de inversión en infraestructura estratégica impide que se fortalezcan las cadenas de valor de la industria biotecnológica. Entre estas piezas de infraestructura podemos mencionar la necesidad de contar con una planta piloto operada bajo buena prácticas de manufactura para la producción de medicamentos biotecnológicos para su uso en pruebas clínicas. Actualmente estos productos son comisionados a plantas piloto en el extranjero represando un sobre costo al proyecto y la potencial pérdida de confidencialidad sobre el producto en un mercado fuertemente competido.
Igualmente se necesita apoyar presupuestalmente el proyecto del Sincrotrón Mexicano en Hidalgo, una infraestructura fundamental para realizar investigaciones fundamentales para el desarrollo de tecnología propia en áreas estratégicas: salud, alimentación, energía, medio ambiente.
La crisis sanitaria impuesta por la pandemia de COVID-19 pasará sin duda por el desarrollo de soluciones de base científica desde la industria biotecnológica. Modelos, pruebas diagnósticas, nuevos medicamentos, vacunas y tratamientos para las secuelas de la infección pasarán primero por un sincrotrón y luego por una planta piloto. Sin estas piezas de infraestructura México se quedará varado en la respuesta a largo plazo de la crisis.
La política tecnológica nacional se ha diluido entre diferentes dependencias y ha quedado subordinada sin integrarse a otras políticas como son la económica, la industrial y la científica. En estos momentos, más que nunca antes, es necesarios recupera la vinculación intersecretarial incluyendo la política en salud pública con la finalidad de contar con una necesaria política tecnológica de estado.
Para lograr esto es fundamental revisar con mucha responsabilidad el proceso de elaboración de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación con la finalidad de que fortalezca no solo la biotecnología sino todas las disciplinas científicas del país mediante una buena gobernanta así como respeto y apoyo irrestricto a la libertad de investigación.
