Para cerrar bien el año

Artículo publicado originalmente por Brenda Valderrama en la columna "Reivindicando a Plutón" del Sol de Cuernavaca el 18 de diciembre de 2017.

Uno de los grandes inconvenientes para un país que no desarrolla una política de desarrollo industrial integral es la necesidad de importar insumos estratégicos. Ya sea que se trate de alimentos, de combustibles o de electrónicos, la dependencia del exterior limita de manera inevitable el despegue de una economía. Desafortunadamente esa es la situación de nuestro país.

En el caso de la investigación científica la condición es todavía peor porque no solamente carecemos en México de incentivos para desarrollar una industria que provea de insumos y equipos nacionales a los más de 50 mil investigadores mexicanos sino que las importaciones, a diferencia de otros sectores, no se realizan por volumen sino de manera pulverizada. Por ejemplo, hace unas pocas semanas tuve necesidad de internar al país unas muestras donadas para un proyecto de investigación. El trámite de importación lo realizó el despacho contratado por la universidad para tal fin y aún cuando las muestras carecían de valor comercial, se generó una factura entre honorarios del despacho y aranceles de casi diez mil pesos. En un escenario de escasos recursos la carga impositiva de 30% (o más en algunos casos) de costos de importación genera una barrera inaceptable para los investigadores. En este sentido y de manera extraordinaria, quisiera hoy comentar dos iniciativas muy importantes que se están llevando a cabo en estos momentos y que pudieran aliviar esta grave situación.

Por un lado se presentó al pleno del Senado de la República una propuesta de modificación al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología al cual se adicionan dos párrafos que conminan  a las administraciones federal y estatales a hacer las adecuaciones pertinentes para simplificar los trámites que emitan en el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación a fin de favorecerlos y estimularlos. Este mandato incluye, de manera importante pero no exclusivamente, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el cual deberá de adecuar sus ordenamientos en este sentido. 

Los beneficiarios de esta iniciativa serán los centros e institutos de investigación, públicos o privados, siempre y cuando estén incorporados al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa data de 2015 cuando fue presentada por el entonces presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el ahora Gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna, y fue finalmente aprobada por unanimidad en el Senado la semana pasada.

Por otro lado, desde mediados del año pasado se instaló a iniciativa conjunta de ProMéxico, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y de la Asociación de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) una mesa de trabajo de alto nivel con la finalidad de acelerar la industria de la investigación clínica en nuestro país. En esta mesa se encuentran las principales empresas farmacéuticas tanto nacionales como extranjeras, los principales centros hospitalarios de investigación clínica, entidades del gobierno federal y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos como único representante de un gobierno estatal. El objetivo de esta mesa es impulsar el desarrollo de las pruebas clínicas en nuestro país como un instrumento de atracción de divisas al mismo tiempo de acelerar la industria farmacéutica nacional.

Entre los miembros, la presencia del SAT en esta mesa es de vital importancia porque, una vez más, se identificó que las cargas impositivas así como la complejidad de los trámites de internación de insumos, de no resolverse de manera simultánea, podrían poner en riesgo esta iniciativa. Los trabajos de la mesa se han desarrollado de manera ágil y se espera que en los próximos meses comiencen a verse los resultados de las gestiones. 

No hay duda que la suma de estas iniciativas, inéditas en nuestro país, impactarán de manera positiva el desarrollo de la investigación en sus tres modalidades: básica, aplicada y clínica. Para Morelos es una excelente noticia pues prácticamente el total de los dos mil investigadores y nuestras 150 empresas de base tecnológica podrán acogerse de manera inmediata, mejorando la competitividad de sus proyectos al reducir de manera significativa los costos de internación de productos. Un regalo de Navidad de nuestro país a sus investigadores.

Información adicional:

Texto completo de la iniciativa de modificación al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-15-1/assets/documentos/Inic_PRI_Ley_Ciencia_y_Tecnologia.pdf

Dictamen de las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos del Senado respecto a la modificación del art. 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Entrará en vigor 60 días después de su publicación en el periódico oficial.

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Dict_CyTecno_29_Ley_CyT.pdf

Presupuesto nacional para CTI 2018 ¿Qué tan buenas son las noticias?

Artículos publicados originalmente por Brenda Valderrama en la columna "Reivindicando a Plutón" del Sol de Cuernavaca los día 4 y 11 de diciembre de 2017.

La estrategia de una administración federal para promover al país se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo. Para el periodo 2012-2018 el tema de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se enmarca dentro de la meta México con Educación de Calidad donde uno de los diagnósticos indica que es indispensable aprovechar nuestra capacidad intelectual para el desarrollo de CTI mediante el impulso al posgrado, la investigación científica y la creación de empresas de base tecnológica. No podríamos estar más de acuerdo con esta expresión. México (y Morelos) tiene talento que se beneficiaría de la apertura de nuevos y mejores cauces.

Esta expresión de buena voluntad requiere de planeación y programación. Para eso se elabora el PECITI (Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018) donde se expresa en qué y cómo se ejercerá el presupuesto con la intención de cumplir la meta nacional teniendo como meta específica hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. El PECITI 2014-2018 se basa en el despliegue de cinco estrategias de manera simultánea: Incrementar la inversión nacional en CTI hasta alcanzar el 1% del PIB; Contribuir a la formación de capital humano de alto nivel; Impulsar el desarrollo de vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales; Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento; y Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.

A nivel del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el gasto en CTI se divide en dos grandes rubros: el ramo 38 que es asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y lo que se asigna a cada Secretaría de Estado, estando todo etiquetado para el cumplimiento del PECITI. En el recientemente publicado PEF 2018 este monto asciende a 91 mil 952 millones de pesos que se distribuye de la siguiente manera: 31 mil 664 millones para la SEP, 31 mil 91 millones para el CONACyT (el cual se detalla más adelante), 8 mil 908 millones para la SAGARPA, 6 mil 979 millones para la Secretaría de Energía, 6 mil 720 millones para la Secretaría de Salud, mil 428 millones para la Secretaría de Economía y el resto se divide entre 10 secretarías más.

Además del PECITI, existen otros rubros que suman 94 mil 642 millones para el desarrollo de CTI como son la Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios con un presupuesto de 28 mil 625 millones; los recursos asignado para la Adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático con 61 mil 826 millones, el programa Especial concurrente para el desarrollo rural sustentable con 50 mil 200 millones y las Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con 4 mil 190 millones que se destinan a Becas de posgrado y Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. La suma de todos estos recursos asciende a 186 mil 645 millones de pesos que equivalen al 3.5 % del presupuesto nacional. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es el órgano del gobierno federal creado para atender de manera específica las necesidades nacionales de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Desde 1970 hasta la fecha, el CONACyT ha sido una pieza clave para el desarrollo del país ya que cuenta con la principal fuente de becas para estudios de posgrado además del único fondo de fomento a la investigación básica.

Por esta razón el presupuesto que se le asigne al CONACyT tiene profundas implicaciones en nuestra sociedad promoviendo la especialización de nuestros jóvenes talentos pero también financiando el desarrollo de tecnologías propias que permitan el despegue de México en un marco internacional muy competido y cada vez más globalizado. Para 2018 los recursos asignados al Consejo corresponden al 0.5% del total del presupuesto nacional alcanzando una séptima parte de lo asignado para las actividades nacionales enfocadas a CTI.

De los recursos asignados por la Cámara de Diputados para el CONACyT en 2018 es posible identificar la asignación de 26 mil 925 millones 900 mil pesos  Este presupuesto es prácticamente igual al del año pasado sin embargo la distribución dentro de los programas y acciones es diferente y merece un análisis más detallado. Lo primero que observamos es la división entre lo que puede distribuir el Consejo a sus programas y lo que se asigna directamente para la operación del Sistema de Centros Públicos de Investigación también conocidos como Centros CONACyT, monto que ascendió del 20.8 al 21.5% del total.

Adicionalmente, el incremento relativo a la asignación a dos programas emblemáticos, el Sistema Nacional de Investigadores y el Programa Nacional de Becas de Posgrado, que pasaron del 17 y 35%, respectivamente, del presupuesto asignado al CONACyT en 2017 al 18.5 y 37.5% para el 2018. Con estas tres previsiones, el Consejo dispondrá de 6 mil millones para el resto de sus obligaciones, mil millones menos que el año pasado y casi 9 mil millones menos que en 2015, el mejor año del sexenio.

¿Qué implicaciones tendrá esto para nosotros en Morelos? Lo primero es la mayor dificultad en mantener y ampliar la infraestructura científica pues en 2018 se asignaron únicamente 100 millones para todo el país. Desafortunadamente un solo equipo de los dañados en la UAEM por el sismo 19S requiere 20 millones para su reposición. Segundo, la inminente reducción en el Fondo SEP-CONACyT que es el único en el país que financia proyectos de investigación básica, una de las grandes fortalezas de nuestro ecosistema de innovación estatal. Finalmente, la baja significativa en el Programa de Estímulos a la Innovación con los que se fomenta la inversión de empresas de base tecnológica en investigación aplicada que obtiene mil 589 millones, la cantidad más baja del sexenio.

Esta dinámica presupuestal deberá ser analizada con cuidado por la siguiente administración y tendrán que tomar decisiones sobre temas estratégicos como es la desvinculación del Sistema de Centros Públicos de Investigación así como el rediseño de programas fundamentales como el de Becas Nacionales y el Sistema Estatal de Investigadores. Sabemos que nuestro sistema político sexenal conlleva un ciclo de inversión sin embargo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación es un ente dinámico que requiere la inyección regular de recursos y que de no mantener este ritmo, provocará la pérdida de competitividad internacional de nuestro cuerpo científico y, en consecuencia, de nuestra capacidad industrial. Un lujo que no podemos darnos.