Artículo publicado originalmente por Brenda Valderrama en la columna "Reivindicando a Plutón" del Sol de Cuernavaca el 18 de diciembre de 2017.
Uno de los grandes inconvenientes para un país que no desarrolla una política de desarrollo industrial integral es la necesidad de importar insumos estratégicos. Ya sea que se trate de alimentos, de combustibles o de electrónicos, la dependencia del exterior limita de manera inevitable el despegue de una economía. Desafortunadamente esa es la situación de nuestro país.
En el caso de la investigación científica la condición es todavía peor porque no solamente carecemos en México de incentivos para desarrollar una industria que provea de insumos y equipos nacionales a los más de 50 mil investigadores mexicanos sino que las importaciones, a diferencia de otros sectores, no se realizan por volumen sino de manera pulverizada. Por ejemplo, hace unas pocas semanas tuve necesidad de internar al país unas muestras donadas para un proyecto de investigación. El trámite de importación lo realizó el despacho contratado por la universidad para tal fin y aún cuando las muestras carecían de valor comercial, se generó una factura entre honorarios del despacho y aranceles de casi diez mil pesos. En un escenario de escasos recursos la carga impositiva de 30% (o más en algunos casos) de costos de importación genera una barrera inaceptable para los investigadores. En este sentido y de manera extraordinaria, quisiera hoy comentar dos iniciativas muy importantes que se están llevando a cabo en estos momentos y que pudieran aliviar esta grave situación.
Por un lado se presentó al pleno del Senado de la República una propuesta de modificación al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología al cual se adicionan dos párrafos que conminan a las administraciones federal y estatales a hacer las adecuaciones pertinentes para simplificar los trámites que emitan en el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación a fin de favorecerlos y estimularlos. Este mandato incluye, de manera importante pero no exclusivamente, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el cual deberá de adecuar sus ordenamientos en este sentido.
Los beneficiarios de esta iniciativa serán los centros e institutos de investigación, públicos o privados, siempre y cuando estén incorporados al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa data de 2015 cuando fue presentada por el entonces presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el ahora Gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna, y fue finalmente aprobada por unanimidad en el Senado la semana pasada.
Por otro lado, desde mediados del año pasado se instaló a iniciativa conjunta de ProMéxico, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y de la Asociación de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) una mesa de trabajo de alto nivel con la finalidad de acelerar la industria de la investigación clínica en nuestro país. En esta mesa se encuentran las principales empresas farmacéuticas tanto nacionales como extranjeras, los principales centros hospitalarios de investigación clínica, entidades del gobierno federal y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos como único representante de un gobierno estatal. El objetivo de esta mesa es impulsar el desarrollo de las pruebas clínicas en nuestro país como un instrumento de atracción de divisas al mismo tiempo de acelerar la industria farmacéutica nacional.
Entre los miembros, la presencia del SAT en esta mesa es de vital importancia porque, una vez más, se identificó que las cargas impositivas así como la complejidad de los trámites de internación de insumos, de no resolverse de manera simultánea, podrían poner en riesgo esta iniciativa. Los trabajos de la mesa se han desarrollado de manera ágil y se espera que en los próximos meses comiencen a verse los resultados de las gestiones.
No hay duda que la suma de estas iniciativas, inéditas en nuestro país, impactarán de manera positiva el desarrollo de la investigación en sus tres modalidades: básica, aplicada y clínica. Para Morelos es una excelente noticia pues prácticamente el total de los dos mil investigadores y nuestras 150 empresas de base tecnológica podrán acogerse de manera inmediata, mejorando la competitividad de sus proyectos al reducir de manera significativa los costos de internación de productos. Un regalo de Navidad de nuestro país a sus investigadores.
Información adicional:
Texto completo de la iniciativa de modificación al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología
Dictamen de las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos del Senado respecto a la modificación del art. 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Entrará en vigor 60 días después de su publicación en el periódico oficial.
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Dict_CyTecno_29_Ley_CyT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Dict_CyTecno_29_Ley_CyT.pdf
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